SAO PAULO (AP) — La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una medida que reduce significativamente el tamaño de un parque nacional completamente protegido en la selva del Amazonas y abre grandes áreas a la agricultura y otras actividades.

Los legisladores acordaron el martes por la noche convertir 485.622 hectáreas (1,2 millones de acres) del Parque Nacional Jamanxim en el estado de Pará, de las más de 1,2 millones de hectáreas (3,2 millones de acres) con que cuenta, a lo que se conoce como Zona de Protección Ambiental. Eso permitiría que el terreno sea usado para la extracción de madera, así como actividades agrícolas y mineras, las cuales no están permitidas en un parque nacional totalmente protegido.

La aprobación es considerada una victoria de los cabilderos rurales del Congreso que representan a los negocios agrícolas. Ahora pasa al Senado para ser sometida a revisión y, si éste la aprueba, también requeriría ser ratificada por el presidente Michel Temer para poder entrar en vigencia.

Los ambientalistas temen que la medida derive en un aumento de la deforestación y en una ola de asentamientos ilegales.

“La decisión del Congreso llega en una época en que la deforestación está aumentando”, dijo vía telefónica Christine Mazzetti, de Greenpeace Brasil, en referencia al incremento de 30% en la tala de árboles en la selva del Amazonas en 2016.

“Ahora es el momento de crear más unidades de conservación, pero en lugar de ello Brasil las está reduciendo”, enfatizó. “Se está moviendo en la dirección opuesta en nombre del desarrollo económico”.

Mazzetti dijo que, poco después de la creación del Parque Nacional Jamanxim, grupos invadieron partes de éste y talaron con el fin de preparar el suelo para la agricultura, la ganadería y la minería. La decisión del Congreso los beneficiará y alentará a otros a hacer lo mismo en otras áreas de conservación, añadió.

La activista advirtió que la decisión tiene el potencial de desencadenar más disputas por la tierra.

Los enfrentamientos por terrenos que involucran a grupos indígenas, leñadores, hacendados y agricultores en pequeña escala suelen tornarse violentos en Brasil. El año pasado fueron asesinadas 61 personas en violencia derivada de tales conflictos, según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia católica, con sede en el país sudamericano. De ese total, 13 eran miembros de grupos indígenas.

Las solicitudes que hizo The Associated Press a las agencias gubernamentales de protección al medio ambiente para que dieran sus comentarios al respecto no fueron respondidas.

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