CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal aceptó el jueves la solicitud del gobierno estadounidense de extraditar a la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, para enfrentar cargos por narcotráfico, aunque antes deberá responder a la justicia guatemalteca por los proceso de corrupción que tiene en su contra.

Antes, la propia Baldetti aceptó la extradición en medio de una audiencia judicial para darle a conocer la solicitud hecha por la justicia estadounidense. “Esta extradición sólo la veo como venganza de las cosas buenas que hice como política”, dijo y ante el juez se declaró inocente.

El fiscal Alejandro Guzmán leyó en la audiencia la solicitud de extradición y dijo que a la vicepresidenta de Guatemala se le señala de aceptar dinero y regalos de traficantes de drogas entre enero de 2012 y 2015. También dijo que durante su campaña política en 2011 habría ofrecido a los criminales usar su influencia en el cargo para “que operaran con impunidad en Guatemala”.

Guzmán dijo que Baldetti habría ofrecido a narcotraficantes restringir a los cuerpos de seguridad para permitir que ellos usaran vías marítimas, terrestres y áreas para permitir el tráfico de drogas.

En la audiencia hecha por videoconferencia desde la prisión de Santa Teresa, donde se encuentra presa, Baldetti apareció junto a su abogado Fernando Guerra y dijo que esto era una venganza de Estados Unidos contra ella y que esperaba que allá se le hiciera justicia.

La defensa de Baldetti pidió que fuera entregada a las autoridades estadounidenses, pero la fiscalía pidió al tribunal de sentencia que conoce de la extradición que ésta se detenga hasta que la exvicepresidenta resuelva los casos que tiene pendientes en Guatemala.

Estados Unidos solicitó la extradición formal la semana pasada después de que la guatemalteca fuera acusada en la corte del Distrito de Columbia en febrero. De acuerdo con la acusación, Baldetti y otros conspiraron para importar cocaína a Estados Unidos entre 2010 y 2015. Ella ha negado los cargos.

La ahora exvicepresidenta renunció a su cargo en 2015 y fue acusada en su país al año siguiente por su presunta participación en una red de corrupción en las aduanas de Guatemala, por lo que supuestamente recibió millones de dólares. Ha permanecido detenida desde entonces.

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